¿Tendremos vivienda digna?

Nuria López, secretaria de Juventud de Andalucía
Los jóvenes como protagonistas de las relaciones laborales

Si destinas durante quince años de tu vida la integridad de tu salario, ¿qué obtienes? Según muchos estudios, una vivienda. Dicen que los jóvenes españoles debemos trabajar durante 15 años para comprar una vivienda, ya que el precio medio en España ha crecido durante los últimos años desmesuradamente con tasas anuales superiores al 17%. Según distintos informes el precio medio de la vivienda en España se sitúa en 1.510 euros el metro cuadrado y en Andalucía se encuentra entre los 1.869,25 de Granada y los 2.893 de Cádiz en la vivienda nueva y los 1.722.07 de Huelva y los 2.457,02 de Cádiz en la usada por metro cuadrado. Así, que si decides comprarte una vivienda de 70 metros cuadrados, destinando como mínimo entre 55 % y el 67% del salario neto al pago de la hipoteca nos sitúa en una posición de desventaja ante el mercado laboral. En la mayoría de los casos la amortización del préstamo ronda o supera la propia edad de jubilación. Así, la hipoteca se ha convertido en el gran mecanismo de control del sistema que te ata al trabajo (da igual en qué y cómo trabajes porque lo necesitas para pagar la hipoteca) y que, al final, es un lastre demasiado grande. Y, desde luego, se convierte en un chantaje ante cualquier posible actitud de protesta ante el empresario.Esta situación no es muy distinta si en lugar de comprar una vivienda decides irte de alquiler, pues la falta de atención que los poderes públicos han tenido con este tipo de políticas –siempre han priorizado la compra- hace que no sea la opción a elegir. Optar por el alquiler supone, en Andalucía, pagar como media mensual la cantidad de 737,51 euros al mes, si la vivienda es de nueva construcción y 524,40 euros al mes, si la vivienda es usada, lo que supone que destinas un 73,5 % y el 52,3% de tu salario neto a pagar el alquiler dependiendo del tipo de vivienda.Las causas de ello son conocidas: el brutal ritmo constructor, la liberalización del suelo, las prácticas oligopólicas a la hora de fijar precios y, por supuesto, la inexistencia o ineficacia, en su caso, de políticas públicas de vivienda destinadas a corregir los excesos (no vale seguir reduciendo y realizando exenciones fiscales al propietario de una vivienda en lugar de a las personas inquilinas).